El Gobierno 'infla' el fraude en el Inem hasta medio millón de parados
El Gobierno ha asegurado hoy que la lucha contra el fraude contra la Seguridad Social ha aflorado 520.572 perceptores indebidos de las prestaciones por desempleo en un año y medio,
desde enero de 2012 hasta junio de 2013. En esta cifra se incluyen
aquellos a los que se les ha retirado la ayuda por alguna circunstancia.
Sin embargo, Empleo anunció en agosto que en el primer semestre del año afloraron 60.004 perceptores de forma indebida.
La explicación de este baile de cifras es que el Ejecutivo ha mezclado sanciones leves e irregularidades administrativas con fraudes reales.
La mayoría de estos perceptores fueron sancionados por no comunicar otras rentas ni prestaciones o no renovar la demanda de la prestación. "Las sanciones van desde la suspensión de uno a seis meses del cobro de la prestación, en su mayoría, hasta la retirada total de la prestación dependiendo de la gravedad de la infracción", explica Empleo.
El número de defraudadores dado por el Ejecutivo supondría una sexta parte de los parados del país. En enero de 2012 había tres millones de parados cobrando prestaciones: algo más de 1,3 millones eran contributivas, otros 1,3 millones asistenciales y algo más de 200.000 la Renta Activa de Inserción. La tasa de cobertura sobre los parados fue del 66,86% en 2012.
Asimismo, la vicepresidenta ha afirmado que la lucha conjunta contra el fraude fiscal y el de la Seguridad Social ha tenido un impacto económico de 22.500 millones de euros.
La lucha contra el fraude fiscal ha supuesto 16.500 millones mientras que el ahorro con el de la Seguridad Social ha sido de 6.156 millones. En este último caso, además del cobro indebido de las prestaciones por desempleo, se incluyen otro tipo de ayudas.
A estos datos hay que sumar, indicó la vicepresidenta, el ensanchamiento de bases imponibles en unos 40.000 millones de euros, gracias a la nueva obligación de informar de bienes e inmuebles en el extranjero.
Asimismo, ha afirmado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo 700 operaciones en las que se han imputado a más de 3.000 personas.
Además, ha indicado que la regularización de la tributación especial y el control de los bienes en el extranjero han servido para identificar bienes y valores por importe de 87.700 millones declarados por 131.411 personas.
Sin embargo, Empleo anunció en agosto que en el primer semestre del año afloraron 60.004 perceptores de forma indebida.
La explicación de este baile de cifras es que el Ejecutivo ha mezclado sanciones leves e irregularidades administrativas con fraudes reales.
La mayoría de estos perceptores fueron sancionados por no comunicar otras rentas ni prestaciones o no renovar la demanda de la prestación. "Las sanciones van desde la suspensión de uno a seis meses del cobro de la prestación, en su mayoría, hasta la retirada total de la prestación dependiendo de la gravedad de la infracción", explica Empleo.
El número de defraudadores dado por el Ejecutivo supondría una sexta parte de los parados del país. En enero de 2012 había tres millones de parados cobrando prestaciones: algo más de 1,3 millones eran contributivas, otros 1,3 millones asistenciales y algo más de 200.000 la Renta Activa de Inserción. La tasa de cobertura sobre los parados fue del 66,86% en 2012.
Asimismo, la vicepresidenta ha afirmado que la lucha conjunta contra el fraude fiscal y el de la Seguridad Social ha tenido un impacto económico de 22.500 millones de euros.
La lucha contra el fraude fiscal ha supuesto 16.500 millones mientras que el ahorro con el de la Seguridad Social ha sido de 6.156 millones. En este último caso, además del cobro indebido de las prestaciones por desempleo, se incluyen otro tipo de ayudas.
A estos datos hay que sumar, indicó la vicepresidenta, el ensanchamiento de bases imponibles en unos 40.000 millones de euros, gracias a la nueva obligación de informar de bienes e inmuebles en el extranjero.
Asimismo, ha afirmado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo 700 operaciones en las que se han imputado a más de 3.000 personas.
Además, ha indicado que la regularización de la tributación especial y el control de los bienes en el extranjero han servido para identificar bienes y valores por importe de 87.700 millones declarados por 131.411 personas.
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