Hola amig@s, os tratare sobre una juez ke va a ser inhabilitada de su cargo por "favoritismo" a un "colega" suyo. Trata sobre el traspaso de una discoteka asi ke ya os podeis imaginar de ke va el tema.Condenada a 15 años de inhabilitación la juez que cerró la discoteca Moma
La titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid,
María del Coro Cillán García, ha sido condenada a 15 años de
inhabilitación por cometer un delito de prevaricación en la administración judicial de la discoteca madrileña Moma.
La sanción supone que Cillán no podrá ejercer como juez durante ese tiempo y la pérdida definitiva de su destino actual, lo que en la práctica implica casi con toda seguridad que resultará apartada de la carrera.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia recurrible ante el Supremo en un plazo de cinco días, le ha impuesto también una multa de 18 meses por prevaricación tras ser acusada de trato de favor a un amigo por el cierre de la discoteca madrileña. El fiscal solicitaba 20 años de inhabilitación.
Las sanciones y el juicio contra la juez se abrieron a raíz de una denuncia en la que uno de los propietarios de la discoteca acusaba a la magistrada de colaborar con sus socios para conseguir el traspaso del establecimiento.
La sentencia, puesta por la sala de lo Civil y lo Penal del TSJM, en un tribunal liderado por el propio presidente de la institución, Francisco Javier Vieira, considera que la conducta de la juez en el curso de este proceso debe ser calificada de prevaricación (tomar decisiones injustas a sabiendas) y la condena por ese delito.
Cillán García negó en el TSJM haber cometido un delito de prevaricación en la administración judicial de la discoteca madrileña Moma.
El Consejo General del Poder Judicial suspendió cautelarmente el pasado mes de abril a la juez tras la apertura de juicio oral contra ella.
En diciembre de 2011, le abrió expediente disciplinario a Cillán por la presunta comisión de tres faltas muy graves y una más de carácter grave en relación con la clausura del Moma y la designación de los administradores judiciales de la misma, entre los que supuestamente estaba un amigo personal de la magistrada.
Cillán acordó en septiembre de 2011, de manera injustificada, el precinto de la discoteca Moma. Al día siguiente nombró administradores judiciales, entre quienes posteriormente incluyó a una persona con quien le unía una "amistad íntima" y para quien fijó primero unos honorarios de 18.000 euros y luego una paga mensual de 2.500 euros, todo ello con cargo a la sociedad.
La sanción supone que Cillán no podrá ejercer como juez durante ese tiempo y la pérdida definitiva de su destino actual, lo que en la práctica implica casi con toda seguridad que resultará apartada de la carrera.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia recurrible ante el Supremo en un plazo de cinco días, le ha impuesto también una multa de 18 meses por prevaricación tras ser acusada de trato de favor a un amigo por el cierre de la discoteca madrileña. El fiscal solicitaba 20 años de inhabilitación.
Las sanciones y el juicio contra la juez se abrieron a raíz de una denuncia en la que uno de los propietarios de la discoteca acusaba a la magistrada de colaborar con sus socios para conseguir el traspaso del establecimiento.
La sentencia, puesta por la sala de lo Civil y lo Penal del TSJM, en un tribunal liderado por el propio presidente de la institución, Francisco Javier Vieira, considera que la conducta de la juez en el curso de este proceso debe ser calificada de prevaricación (tomar decisiones injustas a sabiendas) y la condena por ese delito.
Cillán García negó en el TSJM haber cometido un delito de prevaricación en la administración judicial de la discoteca madrileña Moma.
El Consejo General del Poder Judicial suspendió cautelarmente el pasado mes de abril a la juez tras la apertura de juicio oral contra ella.
En diciembre de 2011, le abrió expediente disciplinario a Cillán por la presunta comisión de tres faltas muy graves y una más de carácter grave en relación con la clausura del Moma y la designación de los administradores judiciales de la misma, entre los que supuestamente estaba un amigo personal de la magistrada.
Cillán acordó en septiembre de 2011, de manera injustificada, el precinto de la discoteca Moma. Al día siguiente nombró administradores judiciales, entre quienes posteriormente incluyó a una persona con quien le unía una "amistad íntima" y para quien fijó primero unos honorarios de 18.000 euros y luego una paga mensual de 2.500 euros, todo ello con cargo a la sociedad.
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