Hola amig@s , hoy no ay titular sino un comentario sobre bankia, caja madrid, etc... no tiene desperdicio jeje...
Los trapos sucios de Bankia y otros más; por Javier Gómez de Liaño, abogado y magistrado en excedencia
El día 24 de mayo de
2012, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Javier Gómez
de Liaño, en el cual el autor afirma que los españoles, en general,
tienen absoluto derecho a saber qué ha pasado con la antigua Caja Madrid
y sus accionistas, en particular, a la defensa de lo que es suyo.
LOS TRAPOS SUCIOS DE BANKIA Y OTROS MÁS
A José Luis Gutiérrez, sin fuego ya en el volcán de su corazón.
Resulta que un banco de nombre comercial
Bankia, surgido en 2010 mediante una operación financiera conocida como
fusión fría, pero que, al fin y al cabo, consistió en la unión de siete
cajas de ahorro -las dos grandes eran Caja Madrid y Bancaja-
aglutinadas con el título de Banco Financiero y de Ahorros, ha sido
nacionalizado. La entidad gestionaba unos 340.000 millones de euros de
activos y al parecer recibió del Frob -acrónimo de Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria- una ayuda por importe aproximado de
4.500 millones de euros, más, según dicen, lo que te rondaré, morena.
España es un país sorprendente y a mí,
que lo conozco bien -entre otros motivos, por mi condición de
funcionario en tiempos pretéritos-, me mantiene en una especie de
asombro perpetuo. Una de las cosas que más me pasman de él es su
capacidad de superación en el difícil arte de la trampa, que, al menos
en teoría, debiera haberse desterrado para siempre con la democracia.
Sin embargo, no ha sido así y la propia picaresca de políticos,
empresarios y financieros de escasos escrúpulos ha supuesto una gran
oportunidad para beneficiarse a costa de quienes, en su honesta
sencillez y pobreza de conocimientos, se estremecían con la complejidad
de términos como el PIB, la balanza de pagos, el déficit público, la
tendencia alcista del índice del coste de la vida, la inflación
galopante, la deuda pública o la prima de riesgo.
No quiero señalar a nadie porque nadie
soy para juzgar a nadie y menos para acusar a nadie. Durante los casi
trece años transcurridos desde que empecé a escribir en EL MUNDO, el
paciente lector habrá podido comprobar que mis opiniones sobre los
diferentes asuntos que he tratado se expresaron, salvo en media docena
de ocasiones que requerían un tono diferente, con la prudencia y buenos
modos que cabe exigir a un hombre algo mayor y dedicado a cuestiones de
leyes y justicia, que son mis circunstancias.
Dicho lo cual, quisiera dejar constancia
escrita de una pregunta que reconozco no es nada ingenua. ¿Está el
Gobierno decidido a limpiar el mundo de los dineros y a terminar con los
favores, chanchullos, trapacerías y gatuperios que, por lo que se lee y
oye, son moneda corriente?
En foros y encuentros especializados se
dice que de varias cajas de ahorros han volado miles de millones de
euros que nadie o casi nadie sabe dónde están o, si alguien lo sabe, se
lo calla, y en tertulias, corros, peñas y mentideros se susurra que don
Fulano, don Mengano, don Zutano y don Perengano, todos ellos altos
responsables de entidades financieras de ahorro se llevaron a donde
fuere lo que no les correspondía y, según todas las apariencias, sigue
sin corresponderles. Los que tenemos cierta edad sabemos de banqueros
que se marcharon a su casa o para el otro mundo, con lo puesto. Mas, por
desgracia, también conocemos otras gentes de las que quizá fuera
imposible pensar lo mismo.
El Gobierno, si quiere contar con el
crédito que, a tenor de las encuestas, cada día que pasa se devalúa,
debería hacer un esfuerzo de valentía política y sacar a la luz, sin
miedo a sus consecuencias, la mugre que puede estar almacenada durante
años en balances y cuentas anuales, anegando a las instituciones
financieras en un ambiente irrespirable. Las verdaderas secuelas dimanan
no del escándalo sino del tapujo. Con razón, la semana pasada el
editorialista del Financial Times preguntaba: ¿por qué al Banco de
España, al Gobierno y a los banqueros les resulta tan difícil reconocer y
contar la verdad sobre lo sucedido en Bankia?
No parece que el propósito del
presidente ni el de su ministro de Economía sea contestar y menos,
adecuadamente. Por el camino contrario, el de la timidez o la cobardía,
el Partido Popular ha vetado en la Mesa del Congreso la iniciativa de
varios grupos parlamentarios de crear una comisión de investigación. Por
no permitir, ni siquiera ha consentido que los anteriores gestores de
la entidad comparezcan en sede parlamentaria para dar cuenta de sus
actos. Bastarán las explicaciones que ofrezca, a puerta cerrada, el
subgobernador del Banco de España. La postura gubernamental me parece un
error enorme e injustificable. En este asunto, lo mismo que en otros de
cajas de ahorro en bancarrota, hay que tener presente el irresponsable
papel desempeñado por los protagonistas del drama, empezando por sus
presidentes y siguiendo, incluso con superior reproche de ilicitud, o de
indolencia, con el gobernador del Banco de España, que hace poco más de
un mes autorizaba a Bankia a seguir con sus planes, hasta el punto de
dar el visto bueno al pago del millonario bonus de 2011 a sus
directivos.
Los españoles, en general, tienen
absoluto derecho a saber qué ha pasado con la antigua Caja Madrid y sus
accionistas, en particular, a la defensa de lo que es suyo. No basta con
que un Gobierno al que se supone honesto, como sinónimo de decente y
honrado, gobierne con rectitud. Es preciso que también con probidad
cuente la historia de lo ocurrido y, en su caso, si hubiere lugar a
ello, a través del ministro de Justicia, imparta instrucciones al fiscal
general del Estado para que promueva las acciones que procedan en
defensa de la legalidad y del interés público.
Quienes gestionaron mal y por tal ha de
entenderse la administración desleal, el falseamiento de cuentas, la
adopción de acuerdos abusivos, la obstaculización de actividades
inspectoras o supervisoras, la disposición fraudulenta de bienes o la
asunción de obligaciones de las que se hayan derivado perjuicios
notables y evaluables a sus socios y depositarios, deben responder de
ello.
Las instituciones y las personas se
deterioran tanto por el mal que hacen como por el mal que ocultan. Me
parece un desatino mayúsculo suponer que hay que tapar la porquería por
temor a su onda expansiva. El encubrimiento, aparte de ser una figura
autónoma de delito, es todavía algo más y quizá peor. Es un engaño a la
ciudadanía, pese a que alguno quiera adornarlo con eso que los meapilas
-con perdón- llaman mentiras piadosas. Nadie debe temer las manchas de
grasa ajena, y menos que nadie el Gobierno, que saldría fortalecido con
un tratamiento de aire libre y pleno sol. Los que se han pringado no son
tantos como parecen, ni tampoco tan fuertes como se supone. Se me
ocurre que hoy su única fuerza es la del inmerecido silencio que los
arropa.
Quede claro, una vez más, que no estoy
pidiendo la cabeza de nadie porque no quiero, ni quiero que nadie
quiera, la cabeza de nadie. Lo que sí patrocino y no sin poco énfasis,
es que la ley se aplique. Esa ley ya existe y nadie tendrá que
inventársela. Se llama Código Penal y a él se refería el señor
Torres-Dulce, o sea el fiscal de la cosa pública, cuando el pasado fin
de semana, en una entrevista a la agencia Europa Press informaba que
había dado órdenes al fiscal Anticorrupción “para que se depuren todo
tipo de responsabilidades que pudieran derivarse de la gestión de las
cajas de ahorro” y expresaba su voluntad de que se averigüe, entre otras
cosas, “si la percepción de determinadas cantidades indemnizatorias
pudiera esta incursa en algún tipo delictivo”. O sea, lo mismo que días
antes, en estas mismas páginas, proponía el sagaz e instruido Pedro G.
Cuartango cuando invocaba los artículos 290 a 297 del Código Penal,
dedicados a los denominados delitos societarios. A su juicio, las
conductas que allí se recogen son las que han caracterizado
presuntamente a los directivos de las cajas de ahorro y le llamaba la
atención que hasta ahora ninguno hubiera sido procesado, pese a que el
quebranto de las cuatro entidades que integraban Bankia había supuesto
para el Estado más de 30.000 millones de euros.
Estoy convencido de que una gran mayoría
de ciudadanos aplaudiría la iniciativa del Ministerio Fiscal y hasta
colaboraría con él, en tanto en cuanto supondría que la Justicia trata a
todos los paisanos por igual. Éste es un axioma aplicable a todos los
países, en todos los ámbitos y a todos los momentos históricos. La
igualdad ante la ley, lo mismo que ante la Justicia, no admite
excepciones, ni interpretaciones, ni distingos. Es algo hermético e
inalterable que discurre, o debe discurrir, por cauces ajenos al de las
necesidades, conveniencias u oportunidades políticas que, cuando la
interfieren, como puede ser el caso, acaban convirtiéndose en actitudes
cómplices e impolíticas.
Admito que la intervención de jueces y
fiscales en estos asuntos puede originar una especie de saldo de trapos
sucios. No importa. La gran mayoría de españoles no tiene trapos sucios
propios que esconder. También reconozco que no estoy demasiado seguro de
que fuera sano destapar de golpe la cloaca de los mangantes, pues, a lo
peor, a más de un juez, o de dos, partidarios -equivocados, por
supuesto- de la prisión preventiva, antes de que lleguen las vacaciones y
los turistas, les da por habilitar hoteles para residencia de
imputados. No obstante, me reafirmo en la idea de que mi papel no es el
de apuntar a nadie con el dedo acusador. Me conformo con ponerlo en la
llaga.
