Hola amig@s, hoy tratamos el tema de las vacaciones de los turistas en Mallorca, parece ser que son un desmadre, borracheras con vomitos hasta el amanecer, peleas... un largo etc...
SOS en Mallorca contra el turismo de borrachera.
Hartos, desanimados y decepcionados. Muy decepcionados. Así se encuentran los miembros de la plataforma
Por una Playa de Palma Cívica,
integrada por vecinos y hoteleros del destino turístico por antonomasia
de Mallorca, que no entienden cómo «en plena temporada turística» el
Ayuntamiento de Palma aún no ha cumplido su palabra y no ha impulsado la
ordenanza cívica que permita luchar contra el
turismo de borrachera, el vandalismo y las situaciones desagradables que verano tras verano se producen en este popular núcleo costero.
La
plataforma convocó ayer a los medios para expresar su malestar y
descontento con la actitud de Cort y exigir una vez más el impulso de la
ordenanza. Hoteleros y vecinos consideran que solo así podrá erradicarse el turismo de borrachera que durante la
temporada alta
campa a sus anchas y «complica tanto la vida a turistas y residentes».
El presidente de la asociación de vecinos de la Playa de Palma,
Francisco Nogales, reveló la «preocupación» que se ha instalado entre los vecinos y se mostró muy desanimado: «Si no hay ordenanza cívica la
Policía no
tiene armas para frenar a los trileros y luchar contra el vandalismo de
la zona». «Es una preocupación muy grande que el tripartito no llegue a
un acuerdo para hacer una ordenanza como necesitamos», abundó.
Más
claro agua. Y como Nogales, el resto de líderes de las asociaciones que
forman parte de la plataforma. Todos fueron tajantes, piensan que Cort
ha incumplido «todo lo hablado y pactado en los últimos meses» y que las
promesas y los compromisos adquiridos se han quedado en nada. «Si no se
aprueba pronto, nos espera un verano terrorífico, como otros muchos
años», expresaban ante los medios. Hasta el punto de que no descartan
movilizaciones en el futuro si la situación no mejora.
En esta línea, el presidente de la Agrupación Ciudadana Ciutat de s'Arenal,
Biel Barceló,
recordó que el Consistorio se comprometió a aprobar antes del inicio de
temporada una modificación de la ordenanza de convivencia en los
espacios públicos y lamentó que, a día de hoy, no sea así. «Están
perjudicando a la industria hotelera y a los vecinos. Ya teníamos que
haber erradicado el turismo de borrachera», sostuvo Barceló, quien
lamentó que «hasta que no se empieza a presionar, se retrasan los
compromisos». A su juicio, existen dos tipos de turistas, «el que busca
calidad y el que viene de fiesta descontrolada». Sobre este último,
añadió, tanto hoteleros como vecinos quieren que «desaparezca».
Al mismo tiempo, tanto los residentes como los empresarios con intereses en el lugar denunciaron el
abandono que
sufre la Playa de Palma en cuanto a inversión pública y exigieron un
mayor esfuerzo por parte de las administraciones para revertir los
efectos del turismo. En esta línea, exigen a Cort que «consiga fondos
que permitan ejecutar una serie de proyectos de mejora en las
infraestructuras». Y para ello, le instan a que recurra a mecanismos
como la Ley de Capitalidad, la
ecotasa,
el Consorcio de la Bolsa de Plazas o incluso a través de sus propios
presupuestos. Todo para poder impulsar un mantenimiento «básico y
general del mobiliario urbano», que en estos momentos brilla por su
ausencia. Solo así, según los denunciantes, podrá revertirse el actual
modelo turístico, ya que «supone un fuerte
problema medioambiental, tanto en suciedad como en ruido».
La
plataforma no entiende por qué en Canarias el Gobierno central sí está
invirtiendo a través de diversos convenios de colaboración directos y
finalistas, y en el caso de la Playa de Palma los fondos no terminan de
llegar, ni con convenios ni con los presupuestos generales. Hasta el
Estado se ha salido del
Consorcio de la Playa de Palma hace escasas semanas, lo que deja bien a las claras las dificultades que afronta el destino en este sentido.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres años de prisión
impuesta por la Audiencia Provincial de Alicante en diciembre de 2016 a
una mujer que aprovechó su cargo como directora de una residencia
geriátrica para quedarse con el dinero obtenido de la venta de parcelas
de uno de los residentes, parte del cuál utilizó para comprar un
vehículo de la marca Jaguar.
