La Infanta Cristina, obligada a renunciar a sus derechos al trono.
No sirve para nada. Y, sin embargo, resulta imprescindible. La Infanta Cristina debe renunciar a sus derechos sucesorios. Aunque no parece que tenga entre sus planes ese gesto de grandeza.
Desde el momento en el que se judicializó el caso Nóos,
no debió mantenerse aferrada a su eslabón en el orden a la sucesión al
trono -hoy ocupa el sexto puesto-. Porque, independientemente de que
hubiera cometido o no algún delito, había actuado con suma
irresponsabilidad y se había beneficiado de fondos de procedencia
ilícita, tal como refleja ahora la sentencia.Con la llegada al trono de Felipe VI, desde Zarzuela se presionó a Doña Cristina para que renunciara. Ella se negó en redondo, por temor a que se interpretara como la asunción de una culpabilidad que jamás ha admitido. Y, así, forzó a su hermano a despojarla del título de Duquesa de Palma y a imponer una reorganización de la Familia Real para excluirla de la misma -en el proceso, Doña Elena resultó injustamente damnificada-.
Pues bien, Doña Cristina ya puede presumir de inocencia. Pero sabe que su imagen ha quedado dañada para siempre. Y nadie como ella comprende el alto valor simbólico que tendría para la Monarquía su renuncia sucesoria. Recordemos que es una decisión estrictamente personal. Sólo un cambio en la Constitución -impensable hoy- podría arrebatarle esos derechos contra su voluntad.
El artículo 57 de la Constitución establece con claridad el orden regular de sucesión en la Corona española. En la actualidad, al Rey Felipe le siguen sus dos hijas -la princesa Leonor y la Infanta Sofía-;y a éstas, la Infanta Elena y sus dos hijos -Froilán y Victoria Federica-. Después de todos ellos, se sitúa la Infanta Cristina, por delante de sus cuatro vástagos, quienes no perderían sus derechos sucesorios en caso de que ella renunciara. Nunca se ha desarrollado la Ley orgánica que debiera regular las abdicaciones y renuncias, y todas aquellas dudas de hecho o de derecho en el orden a la sucesión de la jefatura del Estado.
Si Doña Cristina diera el paso que desde aquí le pedimos, nos encontraríamos ante una situación tan insólita como cuando Don Juan Carlos Iabdicó, que habría de resolverse en el Parlamento. Lo que está claro, insistimos, es que nadie puede forzar a la Infanta a renunciar -ni siquiera el Rey-. Se trata de un acto de carácter voluntario, personalísimo, unilateral e irrevocable.
Volvamos al principio. En España -a diferencia de Monarquías como el Reino Unido-, ocupar el sexto puesto sucesorio no sirve para nada. No lleva aparejados privilegios, ni asignación ni responsabilidades. Y ni siquiera en caso de una tragedia que acabara con la vida de todos los que la preceden, cabe imaginar a Doña Cristina en el trono, después de lo que ha llovido, porque en las modernas Monarquías parlamentarias sobre los derechos dinásticos prevalece la necesaria voluntad de los parlamentarios -como representantes de la soberanía nacional- para proclamar a un nuevo rey. Y, pese a todo, qué importante es que la Infanta renuncie. Vaya si lo es.
